Por: Henan David Jiménez Urrego
Claudia López hoy Alcaldesa Mayor de Bogotá elegida con 1’109.362 votos por la coalición “Claudia Alcaldesa” que fue integrada por los partidos: Alianza Verde, Polo Democrático y el movimiento Activistas. Esta coalición, además de conseguir la alcaldía, logró obtener un gran número de concejales con 16 curules de 45. En su campaña, Claudia parecía una candidata alternativa con propuestas claras y alejadas del modelo antiecológico que quería imponer el hoy exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.
Propuestas claras como la no construcción de Transmilenio por la AV 68 y carrera séptima, un nuevo modelo ecológico, social y económico para Bogotá, apoyar la construcción de los RegioTram (Tren de Cercanías De La Sabana De Bogotá), la protección de páramos y reservas como la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, la construcción de un corredor verde en la carrera séptima, disminuir la desigualdad social y fortalecer la equidad de género en Bogotá y la construcción de la primera línea del metro de Bogotá la cual dejó firmada su predecesor.
Se posesiona el día 1 de enero del 2020 dando comienzo a un nuevo gobierno alejado de las ideas del anterior, pero esto parece cambiar desde el día 23 de enero ya que en este se adjudica la construcción de Transmilenio por la AV 68 incumpliendo de esta forma una de sus propuestas. Ese mismo día salió en redes sociales como Instagram y Twitter a decir que la única forma de frenar la licitación era que antes de las 3:00 PM de ese día saliera una carta de un juez o de la Procuraduría impidiendo o advirtiendo sobre corrupción en la contratación, según ella no existe ninguna carta o documento, sin embargo antes de dicha hora la Procuraduría envió una carta a la alcaldía para que frenara esta licitación, pero ella ignoró este llamado.
El tema del metro de Bogotá es polémico pues esta alcaldía en vez de frenar este contrato se volvió defensora de dicho proyecto, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría alertaron a la alcaldía de corrupción y de detrimento patrimonial por la construcción del metro aéreo que olvida los estudios del metro subterráneo (que incluso contaban con la ingeniería de detalle que permitiría que los costos estuvieran establecidos desde el principio y no como sucede con la gran incertidumbre del metro aéreo). La Alcaldía no tuvo en cuenta las advertencias de las instituciones y con una extraña indignación fue contándole de manera burda a los bogotanos que su metro ya no estaría listo en 2025 como lo prometieron en campaña, si no hasta 2030 o unos años mas.
Presenta el Plan de Desarrollo en el que se continúa con la demolición del Hospital San Juan de Dios, de esta forma se mantiene el modelo de privatización de Peñalosa. Si es demolido, no sólo se terminará con siglos de historia de la salud pública en el país, pues el nuevo edificio hará parte del Hospital Santa Clara que es privado, también desconoce la sentencia del Tribunal Administrativo De Cundinamarca que ordena la reapertura del San Juan De Dios y de la misma forma convertirlo en un hospital universitario netamente público, ya que la Ley 472 de 1998 y la Ley 735 de 2002 protegen y declaran como monumento nacional este hospital. Además la demolición de éste en plena pandemia da inicio a la pérdida de 40.000 millones de pesos que la Alcaldía de Gustavo Petro invirtió en él para su reapertura y el fortalecimiento de su estructura. Según Gustavo Petro este hospital si se reabre podría ocuparse por lo menos con 500 pacientes COVID-19 al día. Contrario a ello la alcaldía ordenó el desalojo de este hospital para que en los próximos días se dinamite y se destruya.
Este gobierno a hecho contratos lamentables y poco éticos con el gremio de la salud. Hace poco se revelaron contratos de 3 días con un sueldo precario. Esta es la manera en que Claudia ha aportado a disminuir el desempleo.
La comunidad indígena Embera se ha visto afectada con la pandemia llegando al punto de vivir en el parque Tercer Milenio, la respuesta de la alcaldía ha sido tardía. En vez de ayudarlos y brindarles apoyo humanitario enviaron a la policía con el fin de desalojarlos, pero gracias a la llegada de defensores de derechos humanos no lograron sacarlos. El día 14 de agosto la alcaldía y la comunidad firmaron un acuerdo en el cual se pacta el desalojo del parque y el traslado a Corferias por 3 semanas, mientras las autoridades garantizan su reubicación y el retorno de los derechos del pueblo Embera. El día 15 de agosto la comunidad fue a Corferias cumpliendo con lo acordado pero la alcaldía no hizo su parte y de una manera humillante les negó el ingreso, por lo tanto esta comunidad sigue sobreviviendo a la intemperie.
El manejo de la pandemia por parte de la alcaldesa ha sido deficiente. Aunque presenta con claridad algunas ideas, éstas no están conectadas con el apoyo real a las comunidades. Por ejemplo la alcaldía llama Renta Básica a menos de 300 mil pesos, cuando en realidad la Renta Básica debería ascender a un salario mínimo actual vigente ($ 877.803), la entrega de ayuda alimentaria ha sido tardía, las protestas que piden ayuda reciben como respuesta represión por parte del ESMAD.
El apoyo a los comerciantes ha sido nulo, al igual que el apoyo a los ciudadanos, los comerciantes de sectores como San Andresito han denunciado que la alcaldía se ha dedicado a realizar cuarentenas sin ninguna clase de ayuda a las diferentes familias que viven de esta actividad. Esta situación ha llevado a que el día 15 de agosto se realicen marchas en el centro de la ciudad con el lema: “ Los comerciantes unidos jamás serán vencidos”.
El manejo de protestas, que si bien no se deberían citar en pandemia ya que hay alternativas como cacerolazos, se han respondido con presencia del ESMAD. En las intervenciones de éste casi siempre se denuncian violaciones a los derechos humanos como ha sucedido con las protestas feministas por la violación de la niña indígena y el aumento significativo de la violencia en el hogar. También diversas violaciones a los derechos humanos se dieron en las protestas que se citaron en el marco del Paro Nacional, los desalojos en localidades como Ciudad Bolívar también han sido las banderas de esta Administración.
Las protestas uribistas fueron disueltas con comparendos ya que la alcaldía prefirió enviar de manera tardía a la policía de tránsito en lugar del ESMAD, por lo cual esta marcha a diferencia de las demás si pudo estar en movilización por la ciudad.
La mentira y el incumplimiento de sus promesas de campaña han sido otra de las banderas de esta alcaldía. Un ejemplo es el caso de Alejandra, una joven transexual que murió gracias a la negligencia de dos paramédicos. Este hecho no se ha podido esclarecer en su totalidad gracias a la actitud sombría de la alcaldía, mintiendo en diversos certificados, falsificando firmas, repartiéndose la culpa de lado a lado sin que alguna institución asuma la responsabilidad.
Las respuestas políticas han sido claras por parte de los partidos de derecha. Hay un rechazo hacia esta alcaldía pues consideran que es muy extremista a la hora de tomar de decisiones, los partidos de centro la consideran como un excelente gobierno y los de centro izquierda critican el manejo en el tema sanitario de la pandemia. Las advertencias de la bancada Colombia Humana-UP han estado presentes. Para ellos, la destrucción del San Juan de Dios los pone en el lado de la oposición. Lo cual afectaría la gobernabilidad pues no contaría con el apoyo de esta bancada que le daría la mayoría absoluta. Curiosamente, siendo la alcaldesa de un partido que no se define como derecha, es la derecha quien apoya sus propuestas.
Otras respuestas han sido las del partido de la alcaldesa. Los verdes aprueban ciegamente todas sus decisiones, no aceptan sus errores y creen que estamos bajo un gobierno perfecto. Por otra parte, las encuestas demuestran que la popularidad de la alcaldesa está a la baja ya que inicio su mandato con un 86% y ahora se sitúa entre el 70 y 76% de aprobación, es decir que en 6 meses ha bajado entre 16 y 10 puntos, por lo visto no muestra tendencia a recuperar el apoyo de la ciudadanía.
Son cuestionables también las cifras que ha usado esta administración para embellecer su imagen frente a los medios masivos de comunicación. Seis mil millones de pesos se han invertido en contratos con medios como Caracol TV, RCN TV, RCN Radio, EL TIEMPO, City tv entre otros para mejorar la imagen de la alcaldía en época de pandemia.
La alcaldesa anunció que gastaría un total de 204 mil millones de pesos en el estudio de una vacuna para saber cual le convenía más a Bogotá. Para algunas personas se incurre en detrimento patrimonial pues este estudio ya está realizado por las empresas que distribuyen las vacunas. La alcaldía ha venido culpando al gobierno nacional en el tema de los ventiladores. Si bien la responsabilidad del gobierno nacional es indiscutible. Es alarmante que una ciudad como Bogotá, con un presupuesto tan grande, solo ha comprado 70 ventiladores que llegaron hasta julio, es decir meses después del inicio de la cuarentena nacional.
Para terminar con estas contradicciones de la actual administración distrital, la otrora abanderada de la anticorrupción en el país sale en defensa de la vicepresidenta quien recibió fuertes críticas por cuenta del respaldo a su hermano, éste estuvo 5 años en la cárcel por temas de narcotráfico, la alcaldesa se refirió al tema de esta manera: “Me parece desproporcionado que le pidamos, 25 años después a la vicepresidenta por un hecho que ya pasó, que se superó, que fue doloroso”. Pareciera entonces que para la alcaldesa la corrupción no está en su discurso, pero se ha filtrado en sus acciones e intervenciones administrativas.
