Por: Estefanía Ospina y Judith Suárez
En marzo de 2026, Estados Unidos excluyó a Colombia del «Escudo de las Américas», una supuesta coalición militar que busca erradicar el tráfico de drogas, sin embargo, resulta más una estrategia de afinidad ideológica que poco tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico. Al alegar una «falta de cooperación» del gobierno de Petro, la administración Trump consolidó una coalición de derecha que está muy lejos de adoptar enfoques que contribuyan al tratamiento digno y humano de la problemática de las drogas.
Poco se habla de cómo la imposición del prohibicionismo de drogas es, en esencia, sinónimo de mantener la ilegalidad. A su vez permite que potencias mundiales, como Estados Unidos, manejen a su antojo las rutas del narcotráfico, acorralando a los países productores mediante la presión de los medios de comunicación y la creación de estas supuestas alianzas que solo buscan controlar a sus miembros.
En la dura realidad de Latinoamérica, caracterizada por la desigualdad y la pobreza estructural, muchas comunidades rurales colombianas encontraron en el cultivo de plantas consideradas ilícitas, una fuente vital de ingresos. La falta de oportunidades económicas, la debilidad institucional y la ausencia de alternativas viables de desarrollo rural contribuyeron a que el narcotráfico se convirtiera en una opción económica predominante.
Aunque los campesinos han intentado organizar sus propios controles, siguen siendo ignorados en las mesas donde se legisla su futuro. Mientras tanto, el sistema judicial se ensaña con los eslabones más débiles: según investigaciones de Mathieu y Niño, se calcula que el 98% de los detenidos por delitos de narcotráfico no tienen papeles importantes en las redes criminales.
El conflicto armado colombiano, con más de seis décadas a cuestas, ha encontrado en el narcotráfico el combustible perfecto. La lucha por territorios y rutas ha financiado a guerrillas y paramilitares, perpetuando un ciclo de violencia que el prohibicionismo no ha hecho más que aumentar. Como señalan los investigadores Camarotti y Capriati, el manejo actual es muy dañino: el consumo global de drogas aumentó un 30% entre 2009 y 2017, y en América Latina el inicio del consumo es cada vez más temprano.
Las cifras no mienten: la guerra contra las drogas ha fracasado en sus objetivos de salud, pero ha tenido un éxito rotundo en consolidar economías de guerra.
La narrativa prohibicionista no solo se sostiene con fusiles, sino con información. La representación mediática de las sustancias y sus consumidores es en su mayoría sensacionalista. Como advirtió la Academia Nacional de Medicina de Colombia en 2024, el consumo se presenta como una «amenaza urgente» al orden judicial en lugar de un asunto de salud pública.
«Hoy los bombardeos mediáticos no operan sobre la inteligencia, sino sobre la psicología: no manipulan la conciencia sino sus deseos y temores inconscientes». — Aram Aharonian (2017).
El Escudo de las Américas es simplemente otro modelo de control impuesto por Trump, no se puede esperar un trato digno, no se puede esperar un aporte real para las personas, Estados Unidos espera mantener el dominio de los países Latinoamericanos y para tal finalidad, cualquier gobierno de izquierda se señala como enemigo. Recordemos que Colombia, durante el gobierno Petro lanzó la Política Nacional de Drogas 2023-2033 «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico», enfocada en mejorar la seguridad en los territorios, reducir la violencia y ofrecer alternativas económicas a los cultivadores, el trabajo se esta haciendo, que las potencias mundiales no nos reconozcan en este esfuerzo es justamente una manera de callarnos.
La incidencia del Norte Global en esta crisis no se puede negar. El modelo actual ha fallado en reducir el mercado, pero ha sido eficaz en criminalizar al campesinado y al consumidor. Ante este panorama, es imperativo cuestionarnos: ¿Qué intereses globales impiden una regulación que arrebate el capital a las redes criminales para reinvertirlo en desarrollo social? Mientras no se responda a esto, la «cooperación» seguirá siendo una palabra vacía utilizada para premiar o castigar gobiernos según su color político.
