Por: @gdmolano
El viernes el Contralor de Bogotá Juan Carlos Granados en una “inesperada” movida política formuló pliego de cargos al alcalde Enrique Peñalosa y al gerente de la empresa Metro Andrés Escobar por haber desechado los estudios contratados del Metro subterráneo de Bogotá. Interpretaciones hay muchas sobre las motivaciones que tendría la Contraloría para iniciar este show, porque la opinión en general es que es una pantomima de control fiscal. Desde el mismo instante en que el alcalde, el secretario de movilidad y el gerente de la empresa Metro se decantaron por hacer nuevos estudios, obviando sin mayor sustento los anteriores, eran ya objeto de control fiscal, esas circunstancias ya habían ocurrido hace más de un año. Algo debió pasar en ese año para que por fin se actuara. Tal vez esas 700 mil firmas presionando, ese montón de plata botada a la caneca en abogados, en fundaciones de papel para defender lo indefendible, no han sido suficiente ni han hecho mella en el actuar del alcalde. El llamado del establecimiento político es uno. Licitar un Metro, pero YA! Como sea: aéreo, acuático, subterráneo, imaginario, etc. Uno para que pueda servir de excusa para evitar una revocatoria tremendamente inconveniente.
Como los políticos tradicionales colombianos sólo reparan en ambiciones y no en detalles. Se les han olvidado varias dificultades. El tiempo para licitar un metro con toda regla sin ningún inconveniente legal y técnico ya se acabó. En la práctica el único proceso legal técnico y financiero que tal vez podría alcanzar a clasificar para abrir una licitación antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías es el del metro subterráneo. Si, el mismo por el que el alcalde hoy es investigado, el mismo que por debajeo públicamente diciendo que lo habia hecho un funcionario XYZ mientras se lavaba los dientes. Forzar licitar con los estudios incompletos del Metro, que el alcalde supuestamente si quiere hacer, es una invitación timbrada al fracaso. Es una invitación a regresar al pasado tortuoso de la inacabable, legendaria y por lo demás vergonzosa historia de licitaciones faraónicas fallidas de Colombia. Volver al pasado, al mejor estilo del Metro de Medellín.
El Metro que hoy llena de orgullo a los paisas, tiene un lugar propio en la historia de corrupción y mala planeación en Colombia. Como el de Bogotá fue un proyecto que se discutió durante mucho tiempo y así como se pretende licitar el de Bogotá, así mismo arrancó el viacrucis de la construcción del de Medellín. Sin estudios de ingeniería completos, con un mismo oferente haciendo estudios, diseño y construcción y de ñapa sin un panorama financiero muy claro. Lo que empezó mal, evolucionó en una obra faraónica, costosa y casi interminable, haciendo un recorrido por todas las deficiencias en contratación que había en su momento. Si hoy 30 años después seguimos padeciendo estos monumentales descalabros, no es por falta de conocimiento. Es porque dejamos impavidamente que los mismos protagonistas, tomen exactamente las mismas erróneas decisiones. La interminable construcción del Metro de Medellín se enmarcó en un contexto histórico muy doloroso; en medio del auge del narcotráfico y el terrorismo, una ciudad repleta de precariedades veía a los gobernantes de siempre botar plata a manos llenas en una obra mal planeada! Que deprimente espectáculo! Las columnas del Metro a medio hacer por toda la ciudad. Que paisa de esa generación puede olvidar semejante parto. Hoy todo el mundo usa el Metro y da por sentada su existencia. Pero en su momento la obra parecía un encarte.
Inicialmente se pactó el costo en 655 millones de dólares, al final oficialmente salió en 2200 millones. Pero se pagó mucho más, porque como se hizo a crédito con una tasa de usura leonina, probablemente costo 5 o 6 veces más. En 2001 la Fiscalía “encontró” que efectivamente se pagaron comisiones por la adjudicación del Metro y se destapó toda la trama de corrupción. El consorcio constructor aleman-español integrado por Siemens Mann repartió 45 millones de dólares en coimas entre los empresarios y figurines políticos del momento. Y lo más grave no fue que se dio al momento de adjudicar la obra, sino durante toda la construcción, porque los sobrecostos fueron la norma y no la excepción. El nombre de Iván Puyo Vasco, amigo personal del ex-presidente Betancur, salió a relucir en esa investigación. Ratificando la costumbre de nuestra taimada justicia, el escándalo no se destapo por la acción de algún ente investigador. Sino por un minucioso artículo de investigación del periódico de El Mundo de España en el que se destapó todo el caso de corrupción relacionando al también ex-presidente Felipe González con empresarios españoles involucrados con la construcción del metro. En Colombia durante toda la obra era un secreto a voces que la construcción del Metro de Medellín estuvo plagada de corrupción.
Como colofón de esta historia: Nadie pago cárcel por estos delitos porque ya habían prescrito.
Volvamos al presente. El mismo ministro, que concilio Dragacol, que está legalmente vinculado al escándalo de REFICAR, que casi arrodilla a la economía colombiana con una reforma tributaria en 2017, insistentemente le pide al alcalde que licite un metro sin sustento técnico. Ese mismo alcalde, que por cierto aborrece los metros y a la fecha no ha asumido responsabilidad alguna por las fallas que se presentaron durante la construcción de la primera fase de TransMilenio ¿ahora lo obligan a hacer uno? Viene luego un contralor de bolsillo a presionarlo para que haga una licitación a las carreras, en vísperas de temporada electoral (del mismo partido del actual alcalde). Esto no tiene buena pinta. La revocatoria podría parecer la excusa, pero solo es el detonante de una situación que se lleva cocinando un tiempo.
Si esa licitación se realiza en esas condiciones, tiene todos los elementos para convertirse en un dolor de cabeza para los bogotanos por un buen rato. Desafortunadamente los organismos de control en este momento no tienen la voluntad para controlar corrupción de estas proporciones. Para eso basta evidenciar lo que paso con el caso de Odebretcht en Colombia, casi que somos el único país en latinoamerica que no mando a la cárcel a personajes políticos de importancia, solamente a los intermediarios. No es raro que al fiscal anticorrupción lo hayan capturado desde afuera hace dos semanas y que el Fiscal General de la Nación que lo puso esté vinculado a Odebrecht. Todo muy a sabiendas de quienes eran los directos beneficiarios. Al final la revocatoria ya no va ser solamente un legítimo mecanismo de participación ciudadana, sino un freno de mano ante el desacierto y la corrupción que se cierne sobre Bogotá.
