No estoy de acuerdo con los paros pero tampoco con las arbitrariedades y leguleyadas del Consejo Superior.
No estoy de acuerdo con los paros que tratan de imponernos una forma única de pensar y dañan los bienes públicos.
Pero tampoco con la desidia del Consejo Superior que lleva 4 años sin aprobar la reforma democrática de la universidad que alcanzó la Asamblea Universitaria. Mientras no lo hagan van a justificar acciones de hecho por los radicales.
Es perverso que la dirección de la universidad le pida a los estudiantes que no vayan a paro, pues los principales perjudicados serán las profesoras y los profesores ocasionales, mientras se les mantienen los privilegios a los corruptos del cartel de los puntos. Acuérdense del artículo sexto de la resoluciones de contratación.
Por su parte, el informe de la Contraloría no puede ser más vergonzante. De esta forma no salimos del círculo vicioso: a más piedras más gases y más sofisticación de las armas y leguleyadas.
Abogo por la academia racional y razonable, capaz del respeto en medio de la diferencia, pero también de llegar a acuerdos y respetarlos como lo hizo la Asamblea Universitaria durante la pandemia.
100 personas elegidas democráticamente que recogieron tantos intentos de reforma democrática de la universidad durante más de 20 años.
No es un estatuto perfecto pero es el mejor posible, fruto del debate y acuerdo entre personas tan diversas. Si no se está de acuerdo con él, en próximas asambleas pueden modificarlo. Pero la mayoría de la comunidad universitaria ni lo ha leído ni quiere participar en su mejoramiento.
La reformitis (entiéndase virtualización, bilingüismo, internacionalización…) son intentos por impedir la reforma democrática de la universidad. Por ejemplo, la Asamblea aprobó en el Estatuto la elección popular del rector y de las dignidades académicas y la revocatoria de su mandato en caso de que no cumplieran con el programa para el que fueron elegidos. El Consejo Superior ya tumbó estas iniciativas.
La Facultad de Educación debe asumir el liderazgo del debate académico sobre el currículo que ha de orientar la universidad pública al servicio de las necesidades del Distrito y del país. No el SPIN OFF que tratan de imponer y que pone la universidad al servicio de las necesidades del mercado y de intereses particulares.
Otro ejemplo, los exrectores enviaron un documento titulado Hablemos de currículo, de una pobreza pedagógica insultante. Lo respondí, pero me vetaron en el correo institucional. Este documento está en mi página (xurl.es/EAR) o en: goo.su/ORZA para quienes quieran leerlo.
Es paradójico que esta sea una institución educativa y a los directivos (la mayoría ingenieros tecnócratas) les incomoda la facultad de educación. Acuérdense de los acuerdos 08 y 09 de 2013 que acababan esta facultad de un plumazo.
Pero como facultad y de educación tenemos la obligación académica de liderar el debate sobre el proyecto educativo que nos ha de orientar y dirigir, al servicio del cual debe estar la administración y no al revés, como sucede actualmente.
La universidad pública no puede ser la misma después del Informe de la Comisión de la Verdad, de la petición de la UNESCO para replantear la educación y del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Por: Edgar A. Ramírez
Licenciatura de Humanidades
