Por: Camila Bermúdez
Varios giros transcendentales se han dado en el sistema democrático del País gracias a la constitución de 1991, evidencia de ello, son los siete mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentra, el voto, el plebiscito, el referendo, la tutela, la revocatoria de mandato, el cabildo abierto, y la consulta popular. Esta última, ha sido quien más ha abierto una brecha entre el poder del Estado y el empoderamiento del pueblo, pues varios municipios han decido recurrir a este mecanismo para defender su territorio del extractivismo minero-energético generado por las multinacionales.
El primer paso fue dado por el municipio de Piedras Tolima en el 2013, en donde se realizó la primera consulta popular para impedir que el distrito la Colosa, realizará el proyecto de minería a cielo abierto más grande del mundo. Seguidamente, el municipio de Tauramena Casanare le dijo No a la explotación petrolera desatándose la voz de diferentes poblaciones, que han visto como mecanismo de defensa y lucha la consulta popular, algunos de estos municipios han sido Pueblorico, Ibagué, Cajamarca, Cabrera, Arbeláez, Pasca, cuyos procesos no han podido culminar del todo bien, pues se sabe que desafiar los intereses económicos del Estado, no es tarea fácil.
En algunos casos el consejo de Estado ha declarado la pregunta de la consulta popular como inconstitucional, argumentando falta de objetividad en ella como fue para el caso de Ibagué, en donde su pregunta ha sido formulada de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
En casos similares se vieron afectados los municipios de Cajamarca y Pijao, lo que retrasó estos procesos de participación masiva, debido a que la institucionalidad a nivel nacional ha estado respondiendo a las dinámicas del sistema económico capitalista, a diferencia de la institucionalidad local representada por alcaldías y consejos regionales que intentan responder a la aprobación y consecución de las consultas populares, prueba de ello es que más del 90% de la población que ha estado inmersa en las votaciones ha dicho No a la minería, la explotación y exploración petrolera o a cualquier actividad que ponga en peligro el agua y la biodiversidad, postura que ha cogido fuerza en la región del Sumapaz.
Aun así, no dejan de existir trabas por parte del Estado para con las consultas populares como es el caso actual del municipio de Pasca, en donde la asociación colombiana de mineros de petróleo entuteló este proceso de participación ciudadana, argumentando vulneración de derechos, razón que a llevado al consejo de Estado a suspender la consulta popular mientras realiza un fallo en torno a la tutela.
No obstante, han sido notorios los frutos que ha dejado este despertar participativo y ambiental en la población rural, situación corroborada por las reflexiones de Hamilton Galvis, coordinador de la Fundación cultural y ambientalista Gusta Guchípas, ubicada en Pasca, gracias a que una entrevista en donde se pretendía indagar sobre los resultados de las iniciativas de las consultas populares en la región del Sumapaz, él ha manifestado:
“Uno de los resultados de las consultas populares, es que se ha llevado un cambio en la consciencia de la gente se han dado cuenta de que uniéndose pueden cambiar el rumbo de sus territorios, ya que en donde se veían afectados y amenazados por un extractivismo que iba a taladrar sus suelos durante 30 o 40 años, ahora ven la posibilidad de que eso no vaya a pasar, también se ven con un suspiro de aliento, pensando en: – ah bueno… ¿y ahora qué sigue? Y es ahí donde entra la organización social, y en donde entra la institucionalidad local, para apoyar el desarrollo de proyectos productivos del campesinado, generándose un reordenamiento territorial en materia rural, obedeciendo un poco al proceso de paz y a los cambios agrarios que se tienen que dar”
De modo que, a pesar de los sabores agridulces que se generan en el sistema democrático, en algunos territorios como en la región del Sumapaz cabe el ánimo de seguir levantando la voz contra la institucionalización de la opresión. Por el hecho de que no sólo se le apuesta a la consulta popular, si no que también la población y las organizaciones sociales como lo son La fundación Gusta Guchípas, agua si petróleo no, la red tejiendo Sumapaz, entre otras, le están apostando a nuevas economías que respeten la tierra, además de generar conciencia a partir de cine foros, medios de comunicación, y medios de expresión artística.
Es así como podemos concluir que, una armadura para los problemáticas ambientales que se avecinan por parte de instituciones tóxicas, es la solidaridad e identificación con el campesinado, el derrocamiento de los medios de comunicación tradicionales por medios alternativos, las propuestas de economías innovadoras que no sobrepasen el bienestar del ecosistema, la abolición del consumismo innecesario, la reconciliación con la naturaleza y por supuesto, el empoderamiento de la pedagogía impartida por medio de un arte crítico y social.
Referencias:
http://censat.org/es/analisis/la-democratizacion-ambiental-pieza-clave-en-el-posconflicto-colombiano
