BOGOTÁ – Mayo de 2026. La publicación de los audios de la segunda entrega del «Hondurasgate» ha confirmado lo que muchos temían: una oficina de guerra psicológica instalada en Estados Unidos bajo el amparo de la Administración MAGA. El cerebro operativo es JOH (Juan Orlando Hernández), el expresidente condenado por narcotráfico e indultado por Trump, quien ahora coordina una red de injerencia que utiliza fondos públicos desviados para atacar a los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
El origen del dinero: El saqueo al INSEP
La trama financiera se desveló en la llamada del 30 de enero de 2026 entre JOH y Nasry Asfura (exalcalde de Tegucigalpa). El audio revela una operación de lavado y desvío de recursos públicos hondureños:
La Cuota Inicial: JOH solicita 150,000 dólares iniciales para rentar un apartamento en EE. UU. y montar una «Unidad de periodismo digital».
El Mecanismo: Nasry Asfura confirma que el dinero saldrá del INSEP (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos). «Vamos a sacarlo de INSEP. Y así vos podés sobrevivir un poco más allá», afirma Asfura, admitiendo el uso de fondos destinados a carreteras para financiar la subsistencia de JOH y su oficina de propaganda.
El Aporte Argentino: En una llamada posterior con la vicepresidenta María Antonieta Mejía, JOH confirma que Javier Milei está apoyando la causa con 350,000 dólares. En total, la red ha movilizado más de medio millón de dólares para «extirpar el cáncer de la izquierda» en la región.
«Sin corazón»: La doctrina de JOH
Uno de los puntos más escalofriantes de la investigación es la nota de voz del 18 de marzo de 2026 enviada a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. En ella, JOH transmite lo que define como órdenes directas de la Administración MAGA (Trump) para controlar a la población:
«En Honduras se necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitás oprimirla. Exprimirla… No seas tan blandito, no te toqués el corazón. Así dijo Pablo Escobar».
Esta instrucción no es solo retórica; se conecta con el plan de construir un CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en Tegucigalpa, imitando el modelo de El Salvador, para encarcelar y torturar a la oposición bajo el pretexto de combatir el terrorismo.
El impacto en Colombia: Fabricación de expedientes
La operación «Hondurasgate» no busca una confrontación abierta, sino una implosión inducida del Estado colombiano a través de cuatro frentes críticos:
Asfixia por Recursos Críticos: Presión para que Colombia entregue el monopolio de sus metales y minerales estratégicos a empresas estadounidenses, bloqueando cualquier acuerdo con China o Canadá y convirtiendo al país en un proveedor exclusivo para la industria tecnológica de la red MAGA.
Lawfare de Exportación: Creación de «expedientes» y pruebas manipuladas en el extranjero para judicializar al entorno del presidente. Al ser validados por la administración MAGA, buscan generar parálisis administrativa y aislamiento diplomático.
Captura del «Sentido Común»: Instrumentalización de sectores religiosos para difundir narrativas que culpan a la izquierda de crisis morales. El objetivo es borrar la memoria histórica y movilizar a la población contra el modelo de gobierno actual.
Efecto Espejo del Narcotráfico: Uso de la etiqueta de «narco-estado» para justificar sanciones económicas y la intervención de inteligencia externa. Se busca convencer a la opinión pública de que Colombia es una amenaza para la seguridad de EE. UU.
El Botín Geopolítico: Metales y ZEDES
El objetivo final de la Administración MAGA no es solo ideológico, sino extractivista. Los audios de Nasry Asfura del 10 de febrero revelan los acuerdos bajo la mesa:
ZEDES y Bases: Expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Roatán y Comayagua, incluyendo una nueva base militar operada por el Comando Sur.
El Interoceánico: La entrega del proyecto interoceánico a la empresa estadounidense General Electric.
Bloqueo a China: La orden directa de Washington es comprar metales exclusivamente a Argentina y EE. UU., evitando cualquier trato con China o Canadá.
Lo que el «Hondurasgate» pone sobre la mesa en este mayo de 2026 no es solo una disputa entre gobiernos, sino la vigencia de la autonomía latinoamericana en el siglo XXI. La revelación de estos audios —cuyo respaldo documental encabeza este reporte— desnuda una verdad incómoda: la política exterior de la Administración MAGA ha dejado de lado la diplomacia para abrazar una operatividad que borra las fronteras entre lo estatal y lo criminal.
Cuando el control de los recursos estratégicos se justifica mediante la fabricación de infamias y la manipulación de la fe, la democracia deja de ser un sistema de convivencia para convertirse en un botín. Colombia y México se encuentran hoy en una encrucijada donde el asedio no proviene de ejércitos visibles, sino de oficinas de desinformación que buscan «extirpar» proyectos de país desde la raíz.
La cacería ha empezado y las piezas están en movimiento. El silencio ante estas evidencias no es prudencia, sino una concesión al modelo del miedo. En un continente que aún arrastra las cicatrices de la intervención, estos audios son la prueba reina de que el pasado siempre intenta volver si no se le hace frente con la verdad.