La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo representa uno de los compromisos sociales más urgentes en las sociedades modernas. La discapacidad no debe entenderse como una condición que limita a la persona, sino como un conjunto de barreras físicas, sociales, comunicativas y actitudinales que impiden su participación plena en igualdad de condiciones. La educación superior, como espacio de formación crítica, tiene la responsabilidad de garantizar que los estudiantes con discapacidad accedan, permanezcan y se gradúen con las condiciones necesarias para su éxito académico y personal. Por ello, surge una pregunta fundamental: ¿Qué fallas existen en los procesos de atención académica a estudiantes con discapacidad y cómo se pueden optimizar desde la ingeniería industrial? Este interrogante cobra relevancia al evidenciar que, a pesar de los avances normativos y la retórica inclusiva, muchas universidades aún enfrentan desafíos significativos para ofrecer una atención adecuada y eficiente para esta población.
Las personas con discapacidad han sido históricamente marginadas, no por su condición en sí, sino por la falta de condiciones accesibles, la ausencia de ajustes razonables y una cultura educativa centrada y factores como la escasez de recursos económicos, la exclusión digital, el desconocimiento institucional y las barreras actitudinales contribuyen a perpetuar su exclusión en entornos educativos. Por ello, hablar de inclusión no puede limitarse a discursos simbólicos: se trata de transformar de raíz las estructuras que han reproducido la desigualdad. La verdadera inclusión educativa de personas con discapacidad implica eliminar todo tipo de barreras, tanto visibles como invisibles. Esto requiere una inversión en infraestructura accesible, formación del personal universitario, desarrollo de tecnologías adaptativas y participación activa de los estudiantes con discapacidad en la toma de decisiones. La inclusión no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado con acciones concretas y evaluables. Consciente de este compromiso, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adoptó, mediante el Acuerdo N.º 007 del 20 de abril de 2023, su Política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible. Este documento reconoce explícitamente la diversidad de capacidades y se propone como objetivo principal “promover una cultura universitaria incluyente y accesible […] en el marco de una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos”. La política plantea principios como la accesibilidad, el respeto por la diferencia, la equidad y la participación. También identifica como elementos clave la eliminación de barreras físicas, actitudinales y académicas; el fortalecimiento de mecanismos de acompañamiento a estudiantes con discapacidad; y la promoción de una infraestructura basada en diseño universal. Además, asigna responsabilidades a distintas dependencias universitarias para garantizar el seguimiento, implementación y evaluación de la política. En teoría, se trata de una política integral con marcos nacionales e internacionales sobre discapacidad y educación inclusiva. Reconoce que la inclusión no puede ser solo un acto de acceso, sino un proceso de transformación institucional que garantice permanencia y graduación, y promueva el respeto a la diferencia como valor educativo esencial. A pesar de la solidez de la política, en la práctica se evidencia una profunda brecha entre lo que se declara y lo que se implementa. Los estudiantes con discapacidad continúan enfrentando múltiples obstáculos en su vida universitaria diaria. Uno de los principales problemas es la falta de infraestructura accesible: edificios sin ascensores, señalización inapropiada, ausencia de rampas funcionales y baños adaptados en mal estado.
En el plano académico, la mayoría del profesorado no cuenta con formación en estrategias pedagógicas inclusivas, y rara vez se implementan ajustes razonables. El contenido académico no siempre está disponible en formatos accesibles, lo que perjudica particularmente a estudiantes con discapacidad visual, auditiva o de aprendizaje. Además, los sistemas de evaluación suelen ser uniformes, ignorando las necesidades específicas. En el aspecto institucional, no existe claridad sobre el presupuesto destinado a esta política, ni indicadores que permitan evaluar su ejecución. No se ha desarrollado un sistema eficiente de seguimiento ni de atención diferenciada. Esta falta de coordinación genera experiencias de exclusión cotidiana, donde los estudiantes con discapacidad deben buscar soluciones por su cuenta, sin una ruta institucional clara de apoyo.
Si la universidad quiere aplicar la inclusión de forma real, debería comenzar por aplicar un enfoque basado en sistemas, como el que proporciona la ingeniería industrial. Esta disciplina permite rediseñar procesos para que sean más eficientes, accesibles y centrados en las necesidades de los usuarios, en este caso, de los estudiantes con discapacidad. En primer lugar, es fundamental realizar un mapeo de los procesos de atención académica a estudiantes con discapacidad, desde su admisión hasta la graduación. Este análisis puede identificar barreras en la cadena de servicios y proponer mejoras estructurales. Herramientas como diagramas de flujo, diagramas SIPOC o mapeo de valor pueden ayudar a entender los puntos críticos y rediseñar la experiencia del estudiante.
También se debe implementar un sistema de indicadores de gestión enfocados en accesibilidad, satisfacción del estudiante, tiempos de respuesta a solicitudes y ejecución presupuestal. Estos datos permitirán mejorar continuamente los procesos mediante ciclos PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), promoviendo soluciones basadas en evidencia. Desde la perspectiva presupuestal, la ingeniería industrial puede ayudar a diseñar modelos de asignación de recursos centrados en resultados, asegurando que los fondos destinados a inclusión se traduzcan en cambios reales. Todo esto requiere una visión interdisciplinaria, pero sobre todo un compromiso real de la universidad con la equidad y la justicia social.
La política de inclusión de la Universidad Distrital representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, mientras no se acompañe de recursos, procesos claros y mecanismos de control, continuará siendo una declaración sin efecto. Las fallas en infraestructura, formación, atención y financiamiento están afectando de forma directa a los estudiantes con discapacidad, quienes siguen enfrentando condiciones desiguales. La ingeniería industrial ofrece herramientas concretas para abordar estos desafíos desde una perspectiva técnica y estratégica. Aplicando sus metodologías, es posible rediseñar los procesos institucionales para que sean más eficientes, accesibles y justos. La inclusión no es un favor ni un proyecto a futuro: es una obligación presente. Y para cumplirla, la universidad debe comprometerse con hechos, no solo con palabra.
Referencias
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2023). Política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible. Acuerdo 007 del 20 de abril de 2023.
https://comunidad.udistrital.edu.co
Por Laura Vanessa Borja Pérez
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de ingeniería
